Nicaragua endurece regulaciones en redes sociales con penas de hasta 10 años de prisión

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La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado una nueva legislación que establece penas de cárcel de tres a cinco años, además de multas, para aquellos que difundan en redes sociales contenido que cause “alarma, temor o pánico” tanto dentro como fuera del país, según lo informado por el parlamento, controlado por el gobierno de Daniel Ortega. La ley prevé penas aún más severas, de cinco a diez años de prisión, si las publicaciones promueven discriminación, odio o violencia, o si se considera que ponen en riesgo la estabilidad del país.

Esta nueva ley refuerza las medidas de la ley de ciberdelitos aprobada en 2020, que resultó en la detención de varios opositores y periodistas bajo la acusación de difundir información falsa.

Salvador Marenco, un abogado nicaragüense exiliado en Costa Rica, criticó duramente la ley, describiéndola como una herramienta para ejercer un “control absoluto” sobre las plataformas digitales. Marenco resaltó que las redes sociales han sido vitales para exponer las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, y advirtió que la nueva legislación intensifica la represión que se extiende más allá de las fronteras del país.

Por su parte, Álvaro Leiva, presidente de la Asociación Centroamericana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, condenó la ley, señalando que refleja la continua crisis sociopolítica y humanitaria en Nicaragua. Según Leiva, la ley forma parte de un régimen que busca perpetuar las violaciones sistemáticas de derechos humanos, bajo el liderazgo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes acusó de llevar al país a un colapso social.

Mientras tanto, el parlamento nicaragüense defiende la ley, argumentando que refuerza la lucha contra los delitos cibernéticos y el mal uso de las redes sociales, ayudando a preservar el orden público y la seguridad nacional.

Desde las protestas antigubernamentales de 2018, el gobierno de Ortega ha intensificado su control mediante reformas legales que han permitido la clausura de más de 5.500 organizaciones no gubernamentales y la confiscación de sus propiedades. Las protestas dejaron un saldo de más de 300 muertos en tres meses, según datos de la ONU. Miles de ciudadanos nicaragüenses han buscado refugio en el extranjero, mientras que otros cientos han sido despojados de sus bienes y expulsados del país.

Esta nueva ley también acompaña la reciente reforma del código penal que establece penas de hasta 30 años de prisión por delitos cometidos contra el Estado nicaragüense, sin importar el lugar donde se cometan. Además, la semana pasada el gobierno privó de la nacionalidad y confiscó los bienes de 135 expresos políticos, sumándose a los 451 opositores que han perdido su nacionalidad desde inicios de 2023.

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