Gobierno dominicano recibirá unos 30 deportados al mes desde EE. UU.
El acuerdo suscrito entre República Dominicana y Estados Unidos tendrá una duración de un año y contempla que el Gobierno estadounidense cubra todos los gastos derivados de las operaciones, según explicó este miércoles el canciller Roberto Álvarez.
En rueda de prensa, Álvarez indicó que EE. UU. enviará cada mes a una treintena de deportados de terceros países y que la permanencia de esas personas en territorio dominicano será “de entre unos siete a quince días”.
El Ejecutivo dominicano había informado ayer que aceptaría un número limitado de nacionales de terceros países deportados por Washington, con exclusión de haitianos y menores no acompañados, con el objetivo de “facilitar” su retorno a sus países de origen.
El canciller señaló que las autoridades “aún no han identificado” el lugar exacto donde permanecerán los deportados. Añadió que estarán “permanentemente bajo vigilancia” y que República Dominicana contará con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Álvarez rechazó que el Gobierno dominicano haya recibido “presiones” de Estados Unidos para aceptar el acuerdo, descrito como no vinculante. La medida ha sido cuestionada por sectores de la oposición y de la sociedad civil, que la consideran “violatorio” de la soberanía nacional.
“Nuestro gobierno recibe solicitudes de todos nuestros socios, pero no recibe presiones (…) soberanamente decidimos cuáles solicitudes aceptar y cuáles no. Lo que conviene a nuestra soberanía, y por eso no hemos incluido en el acuerdo el arribo de ningún ciudadano haitiano”, subrayó Álvarez.
El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo además que República Dominicana “no tenía motivos” para rechazar una solicitud de ese tipo de Estados Unidos, al que definió como su “principal” socio comercial y aliado político.
“Países como Costa Rica, Ecuador, Honduras y Paraguay, entre otros, han firmado acuerdos similares con Estados Unidos. Estas personas no son criminales, sólo que no entraron regularmente a Estados Unidos y no se encuentran en el sistema migratorio de ese país”, abundó el alto cargo.
Álvarez remarcó que la medida no implica permanencia indefinida ni integración migratoria en República Dominicana. “No estamos hablando de asentamiento permanente ni de absorción migratoria, ni procesos judiciales en el país. Es una operación de tránsito controlado, temporal, realizado bajo parámetros de soberanía nacional y cooperación internacional”.
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