Tribunal evalúa hoy continuidad de prisión preventiva en caso Senasa
A partir de las 9:00 de la mañana de este jueves, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional analizará si se mantienen o modifican las medidas de coerción impuestas a Santiago Hazim y otros imputados vinculados al caso Senasa. La audiencia estará a cargo del magistrado Deiby Timoteo Peguero, responsable del control de la investigación.
El proceso involucra a un grupo acusado de integrar una presunta red de corrupción administrativa que habría ocasionado un perjuicio al Estado dominicano superior a 15,900 millones de pesos. Según las indagatorias del Ministerio Público, la estructura era supuestamente dirigida por Santiago Marcelo Hazim Albainy.
Actualmente, siete de los implicados cumplen prisión preventiva de 18 meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra. Entre ellos figuran Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
De forma paralela, el tribunal revisará las medidas aplicadas a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella, quienes permanecen bajo arresto domiciliario, con impedimento de salida y presentación periódica.
El expediente señala que la supuesta operación irregular se ejecutaba mediante un “comité operativo” ajeno a los canales institucionales del Seguro Nacional de Salud. “Este comité permitía agilizar o bloquear procesos a cambio de beneficios económicos, vulnerando los requisitos legales del sistema público de salud”, detalla la acusación.
Las autoridades sostienen que el esquema incluía la manipulación de documentos, la inserción de reclamaciones falsas y la validación de pagos sustentados en facturación simulada. También se atribuye a los implicados la negociación de habilitaciones para prestadores de salud a cambio de pagos ilícitos, el uso de empresas de carpeta y la triangulación bancaria para encubrir el origen de los fondos provenientes de las Reservas Técnicas.
El pasado 5 de febrero, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó las medidas vigentes, tras rechazar los recursos presentados tanto por la defensa como por la Fundación Primero Justicia.
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