El MAP aclara que el reporte sobre pago de servicios es voluntario para empleados públicos

• Mariel Rosario
• noviembre 9, 2024
• Nacionales
• empleados públicos, MAP, Ministerio de Administración Pública
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El Ministerio de Administración Pública (MAP) ha salido al paso para aclarar una confusión reciente sobre el pago de servicios públicos, como la electricidad y el agua, por parte de los empleados del gobierno. Según el MAP, esta iniciativa, establecida en la circular 018031, es completamente voluntaria y no se aplicarán sanciones a quienes decidan no participar.

El comunicado, publicado en las redes sociales del MAP, explica que el levantamiento de información busca promover una cultura de responsabilidad social y cívica entre los servidores públicos. Se aclara que no se trata de una medida obligatoria, sino de una invitación a contribuir al desarrollo de una sociedad más comprometida con el cumplimiento de sus obligaciones.

«Este ejercicio voluntario apela al compromiso de cada servidor público de respetar las normativas y contribuir a la sostenibilidad de los servicios, mostrando un ejemplo de cumplimiento ético y cívico en las obligaciones ciudadanas, así como de colaboración con las políticas públicas generadas por el Estado», señala el MAP en su declaración oficial.

Propósito del ejercicio y marco legal

De acuerdo con el MAP, este ejercicio está alineado con los principios de responsabilidad y ética contenidos en la Ley 41-08, que regula la conducta de los servidores públicos en el país. Con esta acción, el ministerio espera fomentar el civismo entre sus empleados, incentivando el cumplimiento de sus responsabilidades de manera ejemplar y respetuosa hacia las políticas públicas.

Sin embargo, el MAP fue cuestionado sobre la base legal de este llamado voluntario, pues algunos expertos legales han expresado dudas sobre la legitimidad de la iniciativa. Según abogados consultados, aunque la participación es voluntaria, la circular generó dudas iniciales que llevaron a cuestionar si había alguna obligación implícita.

Críticas desde el ámbito legal

Algunos juristas, como Juan Castillo Pantaleón y Cirilo Guzmán, sostienen que esta acción, aunque se trate de un ejercicio opcional, podría interpretarse como una extralimitación del MAP. Pantaleón explica que ni la Ley Orgánica de Administración Pública (247-12) ni la Ley de Función Pública (41-08) imponen a los servidores públicos la obligación de informar sobre sus pagos de servicios básicos. En este sentido, el llamado del MAP no tiene fundamento legal en el marco actual, sino que se basa únicamente en el principio de voluntariedad.

Guzmán, por su parte, sugiere que el MAP podría estar fuera de sus competencias al hacer esta recomendación, aunque sea con carácter voluntario. Argumenta que si el propósito es asegurar que los ciudadanos, incluidos los empleados públicos, cumplan con sus obligaciones de pago de servicios como la electricidad, este control debería ser competencia de las empresas distribuidoras de electricidad, que ya cuentan con sistemas de cobro o, en caso de incumplimiento, procedimientos para la suspensión de los servicios.

¿Qué sucederá con la información recopilada?

Otra preocupación planteada por los críticos es la falta de claridad respecto al uso de la información que se recolectará. Pantaleón señala que el MAP no ha especificado con detalle el destino de los datos que se obtendrán mediante este ejercicio. Por lo tanto, se ha subrayado la necesidad de que aquellos que decidan participar lo hagan de forma consciente, sabiendo que la información es para fines no especificados pero que no tiene repercusiones en sus evaluaciones laborales o derechos.

El MAP, consciente de estas preocupaciones, insiste en que el ejercicio es meramente opcional y busca apelar a la conciencia cívica de sus empleados, en lugar de ser una medida de control. No obstante, las opiniones de los expertos en derecho han generado una reflexión sobre los límites de las recomendaciones y la privacidad de los servidores públicos.

Respaldo y críticas desde la ciudadanía

Mientras que algunos ciudadanos y servidores públicos ven esta medida como un llamado positivo hacia el civismo y la responsabilidad compartida, otros la consideran invasiva o innecesaria, argumentando que los servidores públicos ya cumplen con sus obligaciones al pagar sus impuestos y cumplir con sus deberes laborales.

La aclaración del MAP busca tranquilizar a aquellos que temían posibles consecuencias laborales si decidían no proporcionar esta información. Aunque la intención es fomentar una cultura de civismo y de compromiso ciudadano, la entidad gubernamental reiteró que la participación es completamente libre y que los datos no se utilizarán para imponer ningún tipo de sanción o acción adicional.

En conclusión, la circular del MAP pretende incentivar el cumplimiento de los deberes ciudadanos entre los empleados públicos, pero su naturaleza voluntaria y la ausencia de sanciones buscan proteger la privacidad de cada servidor. La aclaración del MAP reitera que no se exige la participación, dejando en cada servidor público la decisión de sumarse o no a esta iniciativa.