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Investigan a cientos de beneficiarios de familias adineradas que recibieron becas universitarias destinadas a personas de bajos recursos en Santa Catarina.

Escándalo en Brasil: Millonarios acceden a becas para estudiantes vulnerables en Santa Catarina

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Brasil investiga a cientos de millonarios por recibir becas para estudiantes de bajos recursos

Un grave escándalo ha salido a la luz en el estado brasileño de Santa Catarina, donde se descubrió que cientos de jóvenes de familias adineradas obtuvieron becas estudiantiles reservadas para personas en situación de vulnerabilidad económica.

De acuerdo con el medio G1, el Tribunal de Cuentas del Estado (TCE) detectó irregularidades en 18.000 solicitudes y confirmó que 832 becarios provenían de hogares con ingresos incompatibles con los requisitos del programa. Entre ellos, se encontraron beneficiarios cuyas familias poseían automóviles de lujo, embarcaciones, motos acuáticas y propiedades valuadas en millones de reales.

Programas en entredicho

Las becas, impulsadas en 2023 por el gobernador Jorginho Mello, del Partido Liberal, cubren total o parcialmente los costos de matrícula en universidades privadas o comunitarias. Sin embargo, los requisitos establecen que los aspirantes deben residir en Santa Catarina desde hace al menos cinco años, tener ingresos familiares limitados y no ser dueños de bienes de alto valor, salvo en el caso de medicina, que permite márgenes más flexibles.

Irregularidades detectadas

Entre los hallazgos más graves figuran estudiantes con ingresos superiores al millón de reales anuales (aproximadamente 185.000 dólares), inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales y el uso de documentos falsificados o de personas fallecidas para justificar su elegibilidad.

Acciones correctivas

Ante la polémica, autoridades estatales comparecieron ante la Asamblea Legislativa para anunciar medidas como la revisión de los criterios de selección y la creación de un portal de transparencia con información pública sobre los beneficiarios.

“Existen fallas en el proceso de concesión y fiscalización, responsabilidad compartida entre las instituciones educativas y el gobierno”, admitió José Nei Ascari, vicepresidente del TCE.

Además, se solicitó a la Policía Civil acceso al informe completo para investigar posibles delitos, tarea que estará a cargo de la División de Fraudes. El caso ha generado indignación y reclamos por mayor control en la asignación de ayudas públicas.

Con informaciones de RT
Foto: SECOM

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