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📸 Imagen obtenida de Listin Diario. Imagen utilizada únicamente con fines periodísticos.

Fray Arístides exige al Gobierno investigar el cierre de la oficina de la DEA

El coordinador de la Pastoral Penitenciaria Nacional, Fray Arístides Jiménez Richardson, ha exigido al Gobierno dominicano iniciar una investigación exhaustiva tras el cierre temporal de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo. La demanda surge a raíz de un supuesto caso de corrupción que involucra a agentes de la agencia estadounidense, y Richardson fue enfático al señalar que la soberanía exige acción: “Obviamente (que sí debe), porque el cierre no ha sido en Alaska, fue en República Dominicana”.

A pesar de que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) ha asegurado que ningún funcionario local está vinculado a las presuntas ilegalidades, el sacerdote considera que la medida tomada por la embajada de Estados Unidos enciende una alerta que no puede ser ignorada. Richardson argumenta que una acción de tal magnitud por parte de una delegación diplomática de esa envergadura implica que algo grave ha ocurrido en territorio nacional, por lo que una pesquisa local garantizaría la paz y tranquilidad ciudadana.

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Mientras el llamado a la investigación resonaba, otras figuras clave optaron por el silencio. La ministra de Interior y Policía (MIP), Faride Raful, evadió hacer declaraciones al ser cuestionada al salir de una mesa de diálogo en Santo Domingo Este, limitándose a decir: “No voy a emitir declaraciones ahora”. De igual forma, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, remitió las preguntas a la cancillería.

El incidente se desencadenó después de que la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, ordenara la inhabilitación transitoria de la DEA. Medios estadounidenses reportaron que la medida se tomó luego del arresto de un supervisor, identificado como Melitón Cordero, detenido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por supuestamente abusar del programa de visas para informantes confidenciales. Campos condenó el hecho, calificándolo como una “repugnante y deshonrada violación a la confianza pública”.

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