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Supervisor de la DEA en RD arrestado por presunto soborno y fraude de visas

Un alto funcionario de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo, Melitón Cordero, enfrenta graves acusaciones tras ser arrestado en Washington D.C. y acusado formalmente este viernes en un Tribunal de Distrito de EE. UU. La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro reveló que Cordero, de 47 años y asignado a la Embajada estadounidense en República Dominicana durante seis años, habría participado en un esquema de soborno y fraude de visas estadounidenses.

La acusación detalla que Cordero presuntamente aceptó miles de dólares para facilitar visas de no inmigrante a ciudadanos extranjeros. En un caso específico, se alega que se reunió con un extranjero para entregarle un pasaporte y una visa para ingresar a Estados Unidos a cambio de dinero. Además, los documentos judiciales indican que durante su servicio en la Embajada, “agilizó al menos 119 solicitudes de visa”, incluyendo al menos una que resultó ser fraudulenta, asesorando a los solicitantes para sus entrevistas consulares.

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El Departamento de Justicia ha sido contundente. La fiscal Pirro declaró que Cordero violó la ley y malversó la confianza depositada en él, socavando las prioridades migratorias presidenciales, calificando tal comportamiento como inaceptable. Paralelamente a las acusaciones, la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana anunció el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo. Aunque inicialmente no se dieron detalles, la agencia The Associated Press vinculó el cierre a una investigación sobre el abuso de un programa de visas para informantes confidenciales.

La DEA, a través de su administrador Terrance Cole, emitió un comunicado para distanciarse de los hechos, asegurando que las presuntas acciones de Cordero no representan a los miles de profesionales que sirven honorablemente. La investigación del caso está a cargo de varias agencias, incluyendo la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Newark y Santo Domingo, el Servicio de Seguridad Diplomática y la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, con la Fiscalía del Distrito de Columbia liderando el proceso.

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