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📸 Imagen obtenida de Yuri CORTEZ / AFP. Imagen utilizada únicamente con fines periodísticos.

Refuerzan presencia militar y plan integral en Michoacán

El Gobierno federal ha puesto en marcha un nuevo plan de pacificación para Michoacán, el cuarto en casi dos décadas, en respuesta a los recientes asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero Bernardo Bravo. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la estrategia este domingo desde Palacio Nacional, acompañada por su Gabinete, y afirmó que dará seguimiento personal al proyecto cada dos semanas. “Vamos a hacer todavía más austeridad republicana para destinar todo al pueblo de México. Se hace un esfuerzo especial para los michoacanos”, declaró.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, calificó la pacificación del estado como “una prioridad nacional”. En ese marco, el general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa, anunció el despliegue de 1.980 militares adicionales esta semana, que se sumarán a los más de 4.600 ya presentes. Otros 4.000 elementos reforzarán la vigilancia en las fronteras con Jalisco, Colima y el Estado de México, con lo que la cifra total de soldados en la entidad alcanzará los 10.500. El miércoles pasado, 400 efectivos de la Guardia Nacional llegaron a Uruapan como parte de este operativo.

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El plan contempla también una inversión conjunta público-privada de aproximadamente 57.000 millones de pesos (3.000 millones de dólares), de los cuales 26.000 millones se destinarán a infraestructura carretera. Para 2026, el Gobierno federal prevé asignar 37.000 millones de pesos (2.000 millones de dólares) a programas sociales que beneficiarán a 1,5 millones de personas en un estado con una población cercana a los cinco millones.

La estrategia se estructura en tres ejes: Seguridad y Justicia; Desarrollo Económico; y Educación y Cultura para la paz. Según Sheinbaum, funcionarios federales ya iniciaron consultas con diversos sectores locales para afinar la propuesta. “La paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano”, expresó la mandataria.

Las medidas fueron delineadas tras una serie de mesas de diálogo organizadas por el Gobierno estatal, en las que participaron alcaldes, empresarios, agricultores, representantes de la iglesia católica y miembros de los kuarichas, cuerpos de seguridad comunitaria purépechas. Estas agrupaciones, con antecedentes como el de Cherán, son consideradas un modelo de autogobierno por la administración federal.

El asesinato de Manzo, presuntamente a manos de un joven de 17 años vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató protestas masivas que exigieron la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Su viuda, Grecia Quiroz, quien asumió el cargo de su esposo, advirtió durante una manifestación: “En 2027 les vamos a dar ese voto de castigo porque vamos a hacer valer su memoria”.

Durante su intervención, Bedolla recordó que su padre fue asesinado hace casi 40 años en Uruapan. “Las protestas son un grito legítimo de dolor y un punto de partida”, dijo. “El asesinato de Carlos me llevó a mi pasado. No es la ira la que calma el alma, es aprender a honrar en vida a quien hoy ya no está con nosotros”.

Además del despliegue militar, García Harfuch anunció el fortalecimiento del programa contra la extorsión, que incluirá una línea de denuncia anónima con operadores especializados en la región. También se asignarán 860 elementos para atender denuncias de productores de aguacate y 820 para los de limón.

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