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📸 Imagen obtenida de Diario Libre. Imagen utilizada únicamente con fines periodísticos.

Defensa de Hazim cuestiona prisión preventiva y atribuye fallo a “presión social”

El abogado Miguel Valerio manifestó su rechazo a la prisión preventiva dictada contra Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), acusado por el Ministerio Público de irregularidades administrativas que habrían ocasionado un perjuicio superior a 15,900 millones de pesos. La medida fue impuesta la noche del domingo durante la audiencia de coerción.

Hazim, junto a otros seis procesados, deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal. Ada Ledesma Ubiera fue enviada a Najayo Mujeres.

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A la salida del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Valerio declaró que respetaba la decisión del tribunal, aunque adelantó que ejercerá los recursos legales correspondientes. “Hoy se decidió lo que tenía que decidir un juez, y como todas las decisiones, nosotros la acatamos y la respetamos, pero evidentemente ejerceremos los recursos de lugar”, expresó.

El abogado sostuvo que “la presión social” influyó en el fallo y reiteró que la condición de salud de su defendido fue puesta en duda. Recordó que el viernes informó que Hazim había sido diagnosticado con esclerosis y que su ingreso a prisión podía poner en riesgo su vida. Durante la audiencia, el propio imputado lloró al describir “su condición de salud”. El Ministerio Público, sin embargo, afirmó que no existe documento forense que confirme la enfermedad.

Valerio agregó que se “ha dictado una sentencia que condena a una persona prácticamente a la paraplejia”.

La decisión del juez Rigoberto Sena se produjo en un ambiente marcado por protestas en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde decenas de personas reclamaban “justicia” y prisión para los acusados de corrupción. La manifestación estuvo vigilada por agentes de la Policía Nacional.

El expediente del caso Senasa señala que Hazim y otros nueve imputados integraban una estructura que operó durante cuatro años, desviando fondos públicos mediante falsificación de documentos, manipulación de procesos y alteración de estados financieros. Se les atribuyen delitos de desfalco, estafa, fraude y lavado de activos.

Además de los siete enviados a prisión preventiva, el tribunal dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida y garantía económica de un millón de pesos para Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo. En el caso del empresario Eduardo Read Estrella, se ordenó arresto domiciliario e impedimento de salida.

El juez también declaró el proceso como complejo.

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