Fusión de ministerios en proyecto de ley protege el 4% del presupuesto del Minerd

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• diciembre 16, 2024
• Educación
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En agosto de 2022, el Poder Ejecutivo desató controversia con la intención de reducir aproximadamente cuatro mil millones de pesos del presupuesto asignado al Ministerio de Educación, para redistribuirlos entre otras instituciones, según el proyecto de modificación del Presupuesto General del Estado presentado al Congreso Nacional.

Actualmente, un anteproyecto de ley busca fusionar el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) con el Ministerio de Educación (Minerd), proponiendo un fuerte blindaje al presupuesto educativo preuniversitario, conocido como el 4% del PIB para la educación. El párrafo III del artículo 60 establece que las asignaciones presupuestarias del Capítulo de Educación para los niveles Inicial, Básico y Medio, aprobadas por el Congreso, no podrán ser modificadas para transferencias a otras instancias gubernamentales. Además, se asegura que la inversión anual en educación no será menor al cuatro por ciento del PIB y se incrementará progresivamente basado en un modelo de gestión orientado al aprendizaje y desarrollo sostenible del país.

En caso de una variación negativa del Producto Interno Bruto en valores nominales, la asignación del sector educativo no será inferior a la del período anterior. En situaciones donde la demanda por asignaciones exceda el límite máximo planteado, los recursos adicionales se financiarán a través de medios internos o externos. La propuesta legislativa establece que el Estado debe financiar la educación pública superior y apoyar financieramente a la educación privada dentro de sus posibilidades.

El financiamiento educativo se orientará al desarrollo integral de los estudiantes, mejorando los aprendizajes, competencias y fomentando valores ciudadanos. Se atenderán las necesidades específicas para el desarrollo de los aprendizajes y mejora de indicadores de procesos finales.

Según el anteproyecto, el presupuesto destinado a la educación se clasificará como “protegido” y prioritario, incluyendo gastos operativos corrientes para la profesionalización y formación continua de docentes, programas de inducción, concursos y evaluaciones de desempeño, así como gastos operativos en áreas de gestión pedagógica y niveles educativos. La propuesta asegura que las transferencias corrientes para operaciones regionales, distritales y centros, salarios de docentes y gastos destinados a la investigación e innovación educativa también se considerarán prioritarios.

El anteproyecto ordena que al menos el 15% del presupuesto nacional de educación sea gestionado por unidades descentralizadas, promoviendo la colaboración entre el Estado y el sector privado para financiar proyectos educativos específicos, tales como la construcción de escuelas, capacitación docente y la implementación de tecnologías educativas. Además, se implementarán mecanismos para captar recursos adicionales, como donaciones y patrocinios de empresas y particulares.

En términos administrativos, se creará la Agencia Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación (Anace), un ente autónomo responsable de evaluar y acreditar instituciones y programas educativos a todos los niveles, garantizando el cumplimiento de estándares de calidad educativa. La Anace será dirigida por un director general, seleccionado mediante concurso público y nombrado por el presidente de la República.

Por último, el artículo 67 del anteproyecto exime a las instituciones educativas, como entidades sin fines de lucro, del pago de impuestos, derechos, arbitrios y contribuciones, y les permite disfrutar de franquicias de telecomunicaciones y recibir legados y donaciones libres de impuestos. La ley, al ser promulgada, entrará en vigor a los 360 días y derogará la Ley 66-97, con un proceso de fusión gradual y la conformación de una comisión de transición coordinada por el ministro de Administración Pública.

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