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Esquema de falsificación de actas de defunción involucra médicos y una alcaldesa en Valverde

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El tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde dictó este martes medidas de coerción contra cinco mujeres señaladas por el Ministerio Público de participar en una presunta red de falsificación de actas de defunción. Las imputadas, cuatro médicas y una alcaldesa pedánea, deberán cumplir presentación periódica y se les prohibió salir del país, mientras el caso fue declarado de tramitación compleja.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el órgano acusador presentó un total de 48 pruebas documentales, 28 materiales y 10 testimoniales que vinculan a las procesadas con el principal acusado, Máximo Mendoza, quien ya cumple tres meses de prisión preventiva. El expediente describe un entramado delictivo dirigido por Mendoza, quien habría utilizado información falsa para declarar muertas a personas vivas con el fin de generar beneficios económicos.

Las autoridades sostienen que Mendoza se aprovechaba de la vulnerabilidad económica de sus víctimas, muchas de ellas beneficiarias de programas sociales como Tarjeta Solidaridad y Supérate. Según el expediente, les ofrecía préstamos de entre cinco mil y quince mil pesos, que respaldaban con los subsidios estatales. Al no poder cumplir con los pagos, el imputado simulaba ser familiar de las víctimas y, con ayuda de certificados médicos y registros falsos, gestionaba sus supuestas defunciones en centros de salud y oficialías del Estado Civil en Mao y Esperanza.

En este proceso, el Ministerio Público asegura que los médicos Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez, Eva Altagracia Cruz Rodríguez y Andry José Ureña Cambero extendieron certificados de defunción sin verificar la existencia real de los fallecimientos, atribuyendo como causas enfermedades ficticias. Asimismo, a la alcaldesa pedánea Yluminada Altagracia Uceta se le imputa haber emitido una certificación falsa en la que acreditaba la muerte de una persona en su comunidad.

El expediente señala además que Mendoza se presentaba en los centros de salud fingiendo dolencias, incluso aprovechando su condición de diabético para despertar empatía en el personal médico y así obtener registros fraudulentos. Estos documentos luego eran formalizados ante la Junta Central Electoral, lo que, según las autoridades, ha comprometido la integridad del sistema registral dominicano.

El Ministerio Público informó que se han identificado al menos siete víctimas individuales y al Estado dominicano como víctima adicional de este esquema de falsificación.

Imagen obtenida de Listin Diario.
Imagen utilizada únicamente con fines periodísticos.

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