San Juan entre el oro y el agua: desarrollo económico vs. sostenibilidad ambiental

Por Edita Rodriguez

La provincia de San Juan de la Maguana, históricamente conocida como el “granero del sur”, se encuentra hoy en el centro de uno de los debates más complejos de la República Dominicana: la viabilidad del proyecto minero Romero, impulsado por la empresa GoldQuest. La discusión sobre la minería en San Juan de la Maguana es compleja porque trasciende lo técnico y económico, y se ha convertido en un tema social, ambiental y político de alta sensibilidad porque combina beneficios económicos potenciales con riesgos ambientales y sociales relevantes.

Un proyecto en fase de evaluación

Actualmente, el proyecto no cuenta con autorización de explotación y se encuentra en una etapa estrictamente técnica de evaluación ambiental bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente. Esto implica que su viabilidad aún no está determinada y dependerá de estudios científicos, consultas públicas y análisis multidisciplinarios. Este proceso incluye la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, con participación de expertos, universidades y sectores sociales, lo que refleja la magnitud de la decisión en juego. Se cuestiona que el estudio de impacto ambiental lo esta pagando la misma empresa.

Impactos económicos positivos: una oportunidad de desarrollo

Desde la perspectiva económica, los defensores del proyecto destacan varios beneficios potenciales:

Inversión extranjera y dinamización económica:

La minería puede generar inversión extranjera directa significativa, lo que se traduce en crecimiento del PIB local y mayor actividad comercial en la provincia, porque impacta directamente el desarrollo de infraestructura y encadenamientos productivos en sectores como transporte, servicios y comercio.

Generación de empleos directos e indirectos:

La minería suele dinamizar el mercado laboral local, tanto en la fase de construcción como en la operación. Se crean empleos directos (ingenieros, técnicos, obreros) e indirectos (transporte, servicios, alimentación). En zonas con limitadas oportunidades laborales, esto puede ser un alivio importante. Esto podría representar una alternativa económica en una provincia con limitadas fuentes de empleo formal.

Aumento de ingresos fiscales:

Las actividades mineras pueden generar impuestos, aportes y contribuciones al Estado. Aunque el sector minero representa alrededor del 2 % del PIB nacional, sigue siendo una fuente relevante de ingresos en determinadas regiones, que puede financiar infraestructura, educación y salud si se gestiona correctamente.

Posible modernización productiva y desarrollo de infraestructura:

La presencia de un proyecto de esta magnitud podría impulsar capacidades técnicas, formación profesional y transferencia tecnológica en la zona. Las empresas suelen construir o mejorar carreteras, acceso a electricidad y otras facilidades que también benefician a las comunidades.

Impactos negativos: riesgos sociales y ambientales

Las críticas y cuestionamientos al proyecto son igualmente contundentes y se centran en tres ejes principales:

Riesgo ambiental

San Juan es una de las principales zonas agrícolas del país. La minería puede afectar:

Fuentes de agua (contaminación con metales pesados o químicos como cianuro)

Suelos agrícolas, reduciendo su productividad

Ecosistemas locales, incluyendo pérdida de biodiversidad

Amenaza a los recursos hídricos:

San Juan depende de sus ríos y acuíferos para la agricultura. Sectores sociales temen que la actividad minera afecte la calidad y disponibilidad del agua, base del sistema productivo local.

Impacto en la agricultura y seguridad alimentaria:

La provincia es uno de los principales polos agrícolas del país. Una alteración ambiental significativa podría comprometer cultivos, suelos y medios de vida de miles de familias. San Juan es conocida como “el granero del sur”. Un daño a sus recursos hídricos o tierras puede afectar la seguridad alimentaria y el sustento de miles de familias.

Conflicto social y rechazo comunitario:

La minería suele generar divisiones en las comunidades: algunos apoyan por el empleo, otros se oponen por el riesgo ambiental. Esto ha provocado muchas tensiones sociales. Las protestas bajo consignas como “Agua sí, oro no” reflejan un fuerte rechazo de amplios sectores de la población, lo que evidencia un conflicto de legitimidad social.

Riesgos ambientales asociados a la minería:

Aunque el proyecto plantea métodos modernos (como minería subterránea), existe preocupación histórica por el uso de sustancias químicas y la posible contaminación, basada en experiencias previas en otros contextos mineros. Todos conocemos lo que ha pasado en la provincia Sánchez Ramírez con sus ríos, su vegetación y la salud de muchos comunitarios severamente afectada po problemas en la piel, metales pesados en la sangre, entre otros.

Dependencia económica

Si la economía local se vuelve dependiente de la minería, puede quedar vulnerable cuando el proyecto termine (la minería es una actividad temporal).

El dilema: crecimiento vs. sostenibilidad

El caso de San Juan ilustra un dilema clásico del desarrollo: cómo equilibrar el crecimiento económico con la protección ambiental y la cohesión social. Autoridades gubernamentales han insistido en que cualquier decisión debe basarse en evidencia científica, transparencia y diálogo con las comunidades. Esto obliga al gobierno actual y a las entidades vinculadas a actuar con mucha responsabilidad frente a los estudios de impacto.

Conclusiones

1- El tema no es solo “agua sí, oro no”, sino conocer, si:

¿Existen estudios de impacto ambiental rigurosos e independientes?

¿Se garantizan tecnologías limpias y manejo seguro de desechos?

¿Hay transparencia en los contratos?

¿Las comunidades participan en la toma de decisiones?

2- Está claro que, de implementarse y gestionarse mal este proyecto, el daño ambiental y social puede ser irreversible, especialmente en una zona agrícola clave. Si se gestiona bien: podría aportar desarrollo económico, aunque nunca sin riesgos

3- El proyecto minero en San Juan no es simplemente una inversión económica; es una decisión estructural sobre el modelo de desarrollo que se desea para la región. Por un lado, representa una oportunidad de dinamización económica en una zona con limitaciones estructurales. Por otro, plantea riesgos significativos para la sostenibilidad del medio ambiente, la agricultura y la estabilidad social.

4- El desenlace de la situación que se ha generado alrededor de este polémico proyecto dependerá no solo de los estudios técnicos, sino también de la capacidad del Estado y la sociedad de construir consensos en torno a un principio clave: desarrollo con sostenibilidad y legitimidad social.

5- En términos personales, creemos que la manifestación del domingo 3 de mayo, le decretó su “Requiescant in pace” al proyecto, porque demostró que, en términos de validación social esta condenado al fracaso por un pueblo monolíticamente unido en contra de que se ejecute.