El agua vale más que el oro: La urgencia de superar un modelo minero obsoleto

Por José Estalin Quezada Perera

El debate sobre la explotación minera en la República Dominicana ha llegado a un punto crítico, donde la promesa de riqueza económica choca frontalmente con la necesidad imperativa de proteger nuestro patrimonio natural. En provincias como San Juan de la Maguana, la movilización social ha dejado claro que la preservación de los bosques y las cuencas hídricas no es negociable, exponiendo las profundas grietas de un modelo extractivo que parece priorizar el beneficio de las concesionarias extranjeras sobre el bienestar de las comunidades locales. Ante este escenario de desconfianza y leyes superadas por el tiempo, se hace indispensable analizar el rol del Estado en la gestión de nuestros recursos naturales y plantearnos con urgencia: ¿Cuándo y cómo podemos tener una minería estatal con verdadera responsabilidad ambiental?

En Latinoamérica, ya existen modelos de minería que reducen casi en un 90% el impacto ambiental, destacando países con tradición minera como Brasil, Peru, Chile, implementando nuevas técnicas que reemplazan las presas de cola, las cuales contienen químicos altamente dañinos para la preservación de ríos, cuencas y bosques. Una de estas técnicas es el “Dry Stacking”, el cual representa un costo que las empresas muchas veces no están dispuestas a asumir por priorizar su capital. Esta técnica es la más viable geográfica y climáticamente para nuestro país, pues el uso de pilas compactadas mejora la resiliencia climática al eliminar el almacenamiento de agua líquida, evitando riesgos de desbordamiento en regiones expuestas a huracanes. Además, garantiza una mayor seguridad sísmica y aborda la escasez de terreno al facilitar una rehabilitación progresiva que permite reintegrar el suelo a usos agrícolas o forestales con mayor rapidez.

Desde una perspectiva legal y de política pública, debemos cuestionar por qué el Estado Dominicano no fomenta una minería estatal responsable ante un modelo actual que no ha logrado desarrollar ni beneficiar a la población, un ejemplo de lo plateado es la situación actual de Cotuí, provincia que dejos de presentar desarrollo hoy de encuentro en el mapa de pobreza a pesar de tener una de las minas productivas según reportes de Banco Central de la Republica Dominicana. Es fundamental aclarar que el crecimiento económico y el desarrollo son conceptos distintos: aunque el país ha aumentado la producción de riquezas, estas no van en consonancia con el desarrollo poblacional en ejes centrales como salarios dignos, educación o salud pública. La intención política actual, al igual que la de las concesionarias extranjeras, no parece estar en torno a estos objetivos sociales.

La Ley 146-71 sobre Minería revela un marco legal orientado a incentivar la inversión privada, centrándose en la seguridad jurídica de los concesionarios bajo una regulación ambiental que se considera limitada según los estándares modernos. A pesar de esto, la exploración y explotación se declaran de “utilidad pública e interés nacional”, otorgándoles preferencia sobre cualquier otro aprovechamiento del terreno. Redactada en 1971 bajo una visión de atracción de capital, esta ley fomenta la creación de “enclaves” mineros que exportan mineral en bruto con procesamiento mínimo, desplazando el valor agregado y los empleos técnicos fuera del país, mientras genera una desconexión con la economía local.

A pesar de que la legislación establece el pago de impuestos y regalías, diversos mecanismos financieros permiten que las empresas reduzcan drásticamente sus aportes al Estado dominicano. Las exoneraciones de aranceles por 25 años cubren el periodo más productivo de la mina, mientras que el uso de precios de transferencia facilita la declaración de menores beneficios locales, y vender el mineral a filiales extranjeras, nuestra experiencia más cercana a esto es el caso de Cotui. Además, al carecer de una escala móvil para las regalías, la Ley 146-71 impide que el país se beneficie de las “ganancias caídas del cielo” cuando los precios internacionales de metales como el oro alcanzan niveles históricos, manteniendo una participación estatal fija e insuficiente ante la bonanza del mercado.

Por otro lado, la debilidad normativa respecto al cierre de minas traslada los pasivos ambientales directamente al Estado, convirtiendo la riqueza extraída en una carga financiera a largo plazo. La experiencia histórica demuestra que, ante la falta de contratos rigurosos, las empresas suelen retirarse dejando desastres ecológicos cuya remediación —como el tratamiento del drenaje ácido o la limpieza de ríos— supera con creces el total de impuestos recaudados durante la operación. Esta asimetría anula el beneficio económico real, pues el costo de restaurar el entorno termina siendo un subsidio invisible que el país paga con su patrimonio natural y fondos públicos.

Esta resistencia social en San Juan no es solo un acto de valentía civil, sino que encuentra un respaldo jurídico sólido en el principio de precaución consagrado en el artículo 12 de nuestra Ley General sobre Medio Ambiente (64-00). Dicho mandato legal obliga al Estado y a los particulares a actuar de forma preventiva ante cualquier actividad que amenace con causar daños graves o irreversibles, incluso si no existe una certeza científica absoluta sobre el impacto final. En el caso de San Juan, donde el riesgo de contaminar el agua y destruir ecosistemas vitales es latente, la aplicación de este principio debería ser automática: ante la duda de si se puede garantizar la seguridad del entorno, la prioridad debe ser siempre la preservación de la vida y no el beneficio extractivo.

Como todo asunto de interés nacional, este genera opiniones divididas entre quienes están a favor y en contra de la minería. Sin embargo, el fin de este escrito no es la imparcialidad: rechazamos de manera categórica la intención minera en San Juan y el modelo de extracción irresponsable que el Estado dominicano ha permitido durante décadas.

En conclusión, la Ley 146-71 es una ley de “extracción”, no de “desarrollo”. Mientras no se actualice para priorizar la soberanía sobre los recursos y la protección del capital natural, la República Dominicana seguirá siendo esclava del poder económico de las concesionarias extranjeras.  Es imperativo preguntarse hasta cuándo el interés del capital superará la soberanía y el verdadero interés nacional de preservar la vida y el desarrollo de nuestro pueblo. Hoy, ese mismo pueblo se ha lanzado a las calles y no piensa claudicar en su lucha por preservar la fuente de vida de miles de Sanjuaneros que se sustentan  de la agricultura que es un orgullo nacional, el granero del sur fuente de principal para la alimentación de la nación, la biodiversidad, los bosques y, sobre todo, el recurso más importante: el agua.